Nicaragua bajo Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo opera como una dictadura familiar consolidada. Las elecciones de 2021 se realizaron tras la descalificación y encarcelamiento de todos los candidatos de oposición serios. Las organizaciones de la sociedad civil han sido expulsadas, encarceladas o neutralizadas. La prensa independiente ha sido eliminada; La Prensa y Confidencial operan en el exilio.

La consolidación de las fuerzas de seguridad, las redes financieras y las empresas estatales por parte de la familia Ortega-Murillo ha creado un ecosistema económico opaco que no puede evaluarse de manera confiable desde fuentes externas. El riesgo de un cambio repentino de política, confiscación de activos o ruptura diplomática está siempre presente y debe ser asumido por cualquier entidad con exposición.

El PIB nominal de Nicaragua de aproximadamente $18 mil millones es el segundo más pequeño de Centroamérica. Las remesas del estimado de un millón de nicaragüenses que han emigrado desde 2018 han creado un mercado de consumo que se desconecta parcialmente de las estadísticas económicas oficiales. El FMI ha mantenido una relación técnica, pero el financiamiento de donantes se ha reducido significativamente.

Las actividades económicas primarias — café, carne de res, oro, azúcar, maníes — continúan funcionando a través de canales de exportación parcialmente aislados de la disfunción política doméstica. El gobierno controla importantes empresas estatales; el sector privado opera bajo derechos de propiedad inciertos.

Café (producción de calidad significativa en Matagalpa), exportaciones de carne de res y lácteos, minería de oro (controlada por el gobierno), azúcar, maníes y remesas. El compromiso empresarial con Nicaragua debe tratarse como operar en un entorno sancionado con todas las implicaciones de cumplimiento asociadas. Coppermont cubre Nicaragua con fines de monitoreo y evaluación de riesgo; no prestamos servicios de facilitación de inversiones para este mercado.